Por otro lado, se confunde el sistema de responsabilidad civil subjetiva, vigente para cualquier tipo de daños, incluidos los ambientales, con la nueva responsabilidad de carácter administrativo que surge de esta Ley. Además, la nueva norma no contempla daños a la atmósfera, recogidos en otra legislación específica, sino únicamente los referidos a los activos ecológicos: agua, costas, suelo y hábitats protegidos.

El riesgo ambiental de los operadores ya existe en los términos legales vigentes (R.C. subjetiva probando la relación causal del daño en el receptor sensible con la fuente de contaminación) y que ha sido incrementado a una responsabilidad objetiva para los bienes ambientales señalados.

Por otra parte, el papel que la Ley de Responsabilidad Medioambiental otorga a las Comunidades Autónomas es una consecuencia  lógica de nuestro sistema autonómico y acorde con lo que se ha venido realizando para todo el acervo medioambiental comunitario. No obstante, conviene resaltar la importancia, a la vez que la dificultad, en fijar métodos y estándares para la evaluación del potencial contaminante de los operadores en los rangos de 300.000 y dos millones de euros.

Si la idea es poder transferir este riesgo, las fórmulas aseguradoras vigentes deberán adaptarse a las nuevas exigencias legales, lo que no parece tarea fácil conforme a la experiencia de algunos de los profesionales de Riskia, que han venido colaborando desde 1995 en la evaluación del riesgo ambiental con los principales aseguradores de esta tipología de riesgos.

Desde finales de los años 80 las auditorías medioambientales han ido incorporándose a los denominados procesos de “due diligence” junto a las auditorías legal, fiscal y financiera. En estos procesos de compraventa de empresas es habitual hoy en día realizar una serie de auditorías técnicas relacionadas con los sistemas de información, los riesgos laborales y el medio ambiente.

Esta auditoría medioambiental es realizada normalmente con el objetivo de detectar la existencia de pasivos ocultos en temas relacionados con emisiones, vertidos o incluso suelos contaminados (Ley 9/2005) que valoren adecuadamente los riesgos de las instalaciones industriales.

Empresas como Riskia, consultora que presta servicios especializados en gerencia de riesgos seguridad y medio ambiente, y de la que nuestra correduría es socia, en estos casos  no se limita sólo a detectar estos pasivos en industrias, sino que también valora los pasivos medioambientales en transacciones más sencillas como edificios de oficinas o centros comerciales, identificando aspectos tales como asbestos en los sistemas de climatización y de protección contra incendios o piralenos en transformadores.

Pues bien la sentencia fue recurrida y como prometimos comunicamos el resultado de la misma dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz que en su punto III.- LA SALA ACUERDA dice lo siguiente:

Que debemos estimar y estimamos el RECURSO DE APELACION sostenido por Dª XXX y en consecuencia debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la Sentencia de fecha 19 de Diciembre de 2006, dictado por el Juzgado de Primera Instancia de El Puerto de Santa María número Uno en el Juicio Verbal número 704/2006, absolviendo a la expresada apelante de las pretensiones deducidas en su contra por Dª YYY y que dio lugar a los expresados autos. No hacemos especial imposición de las costas procesales causadas en esta alzada e imponemos a la actora las costas de la primera instancia. Esta Sentencia es firme y no cabe contra ella recurso de casación.

Es evidente que el resultado de este recurso ha llenado de satisfacción a el abogado que hizo un excelente trabajo para presentar una perfecta apelación, a la Asociación Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María que se preocupó por este caso y finalmente a nuestra Correduría de Seguros que, junto con la Compañía Aseguradora del Hogar de la demandada, creímos desde un primer momento que debíamos dar cobertura jurídica a nuestro cliente.

Fuente: Expansión