La imagen transmitida a la sociedad por la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, respecto al seguro impuesto a las empresas, para hacer frente al pago de los daños ecológicos que éstas pudieran causar durante el desarrollo de su actividad,  y que no será obligatorio hasta el  año 2011, no es precisa, ya que no se trata de un seguro obligatorio, sino de un Fondo de Garantía Obligatoria sólo para los operadores con un potencial contaminante superior a los dos millones de euros. Este fondo para reparar una responsabilidad ilimitada puede constituirse como un seguro, un aval o un fondo interno ‘ad hoc’ de forma alternativa o en combinación.

Por otro lado, se confunde el sistema de responsabilidad civil subjetiva, vigente para cualquier tipo de daños, incluidos los ambientales, con la nueva responsabilidad de carácter administrativo que surge de esta Ley. Además, la nueva norma no contempla daños a la atmósfera, recogidos en otra legislación específica, sino únicamente los referidos a los activos ecológicos: agua, costas, suelo y hábitats protegidos.

El riesgo ambiental de los operadores ya existe en los términos legales vigentes (R.C. subjetiva probando la relación causal del daño en el receptor sensible con la fuente de contaminación) y que ha sido incrementado a una responsabilidad objetiva para los bienes ambientales señalados.

Por otra parte, el papel que la Ley de Responsabilidad Medioambiental otorga a las Comunidades Autónomas es una consecuencia  lógica de nuestro sistema autonómico y acorde con lo que se ha venido realizando para todo el acervo medioambiental comunitario. No obstante, conviene resaltar la importancia, a la vez que la dificultad, en fijar métodos y estándares para la evaluación del potencial contaminante de los operadores en los rangos de 300.000 y dos millones de euros.

Si la idea es poder transferir este riesgo, las fórmulas aseguradoras vigentes deberán adaptarse a las nuevas exigencias legales, lo que no parece tarea fácil conforme a la experiencia de algunos de los profesionales de Riskia, que han venido colaborando desde 1995 en la evaluación del riesgo ambiental con los principales aseguradores de esta tipología de riesgos.

Desde finales de los años 80 las auditorías medioambientales han ido incorporándose a los denominados procesos de “due diligence” junto a las auditorías legal, fiscal y financiera. En estos procesos de compraventa de empresas es habitual hoy en día realizar una serie de auditorías técnicas relacionadas con los sistemas de información, los riesgos laborales y el medio ambiente.

Esta auditoría medioambiental es realizada normalmente con el objetivo de detectar la existencia de pasivos ocultos en temas relacionados con emisiones, vertidos o incluso suelos contaminados (Ley 9/2005) que valoren adecuadamente los riesgos de las instalaciones industriales.

Empresas como Riskia, consultora que presta servicios especializados en gerencia de riesgos seguridad y medio ambiente, y de la que nuestra correduría es socia, en estos casos  no se limita sólo a detectar estos pasivos en industrias, sino que también valora los pasivos medioambientales en transacciones más sencillas como edificios de oficinas o centros comerciales, identificando aspectos tales como asbestos en los sistemas de climatización y de protección contra incendios o piralenos en transformadores.

La correduría de seguros MARÍN DOMENECH, del grupo ESPABROK, y su socio marroquí BENWAHOUD & ASSOCIES han organizado, para el 16 de marzo, un seminario sobre gerencia de riesgos destinado a los responsables de empresas españolas y marroquíes que actúan en el norte de Marruecos. El seminario, que se celebrará en un conocido hotel de Tánger, lo impartirá Ángel Escorial, ingeniero de Caminos, licenciado en Ciencias Físicas y consejero delegado de RISKIA, Centro Técnico de Gerencia de Riesgos, con sede en Madrid.